La consulta de un oyente al que le falla la cobertura de sus líneas móviles en casa cuando le aseguraron que no tendría ese problema ha servido para explicar, dentro de nuestro espacio de consumo, que el usuario podrá dar de baja los servicios con una compañía si esta incumple con su parte del contrato. Ante ese incumplimiento, el cliente procederá a la cancelación de la relación contractual, algo tan sencillo como realizar una portabilidad a otra empresa. Eso sí, al romper el contrato debe especificar que se hace por este incumplimiento y dejará constancia de que ha avisado de ello y ha dejado un tiempo prudente a la empresa para que resuelva la incidencia. Además, Jesús Yesa ha señalado que, desde que damos el aviso de baja, las empresas de telecomunicaciones solo tienen derecho a cobrarnos un máximo de dos días más.

Sobre las telecomunicaciones y las torres eléctricas que pudieran estar dentro de una propiedad privada, ha expresado que el dueño podrá dirigirse a las empresas para que modifiquen la instalación de manera que influya lo menos posible al terreno. Estas empresas de telecomunicaciones y electricidad tienen servidumbre de paso para poder pasar sus cables, pero tienen que hacerlo de manera que no afecte o lo haga de manera mínima y por ello estarán obligadas a hacer los trabajos oportunos.

El secretario general de FACUA Cádiz ha informado acerca de las compras a domicilio, las cuales disponen del mismo plazo de devolución que las que hacemos por internet. En esos 14 días podemos desistir, cancelar y recuperar el dinero. No obstante, ha subrayado que si la empresa no puede acreditar que en el momento de la contratación se nos dejó constancia de ese plazo, este podría ampliarse hasta un año.

Por último, en relación a las listas de morosos, Jesús Yesa ha recordado que las dos más importantes son Asnef y Badexcug. El banco no estará obligado a facilitar la información por escrito a ningún cliente que esté incluido en alguno de estos registros pero sí podrá ponerlos en la pista. Tanto Asnef como Badexcug tienen un plazo de 30 días para responder a las consultas de los usuarios y estos sí deberán especificar qué empresa ha incluido los datos, por qué y cuál es la deuda que se le reclama.